HELLEN CHARLOT CRISTANCHO GARRIDO ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA: ENCRUCIJADAS ENTRE EL RECONOCIMIENTO POLÍTICO Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL Constitución y funcionamiento de dos zonas de reserva campesina en Colombia PRESIDENTE PRUDENTE 2016 1 HELLEN CHARLOT CRISTANCHO GARRIDO ESTRATEGIAS DE TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA: ENCRUCIJADAS ENTRE EL RECONOCIMIENTO POLÍTICO Y LA AUTONOMÍA TERRITORIAL Constitución y funcionamiento de dos zonas de reserva campesina en Colombia Tesis presentada al Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias y Tecnología/Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mésquita Filho”, Campus de Presidente Prudente, para la obtención del título de Doctora en Geografía. Orientador: Bernardo Mançano Fernandes PRESIDENTE PRUDENTE 2016 2 3 4 AGRADECIMIENTOS El desarrollo de este proceso de investigación fue posible gracias a la colaboración y apoyo de muchísimas personas. En primer lugar, agradezco a todas aquellas que compartieron sus conocimientos, experiencias y opiniones acerca de la cuestión agraria en general, y en particular sobre el pasado, presente y futuro de las zonas de reserva campesina en Colombia. Agradezco a mis compañeras y compañeros de doctorado, y a quienes conocí en este periodo de mi vida que me preguntaron por la historia o la situación social y política actual del país, pues me obligaron a la vez, a situar y a descentrar el pensamiento; a reconocer una subjetividad marcada por el conflicto social y armado, desde las narraciones de las historias familiares – en Colombia de alguna u otra forma “todos somos agrodescendientes”- hasta las discusiones sobre los caminos, los sujetos y las escalas de la transformación social. Entonces, parafraseando a Fernando Pessoa sobre el hablar de sí mismo, me obligué a aprender a hablar del país más que desde la guerra, desde la esperanza, a iniciar la reconstrucción de otra relación con el pasado para pensar el futuro. Agradezco de manera muy especial a las comunidades campesinas, a los líderes y liderezas que me brindaron su tiempo y experiencias vitales para mejorar mi comprensión de la histórica lucha por la tierra, por el reconocimiento político del campesinado y por la autonomía territorial. A la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro (ACIT), a los miembros de los diferentes comités, en especial al comité político y al comité de mujeres, a Eliécer Morales, Alix Morales Marín, Geidy Ortega, Lola Morales y Esneider Rojas por la acogida en sus hogares, por la apertura en los múltiples espacios familiares y comunitarios. Igualmente, a las subdirectivas de la ACIT en las diferentes zonas, a los gobernadores de los cabildos indígenas de Inzá; a los profesores de los resguardos indígenas de San Andrés, de Tumbichucue y Santa Rosa; a los profesores de las zonas campesinas de Guanacas, Turminá y Pedregal; a las mujeres campesinas e indígenas que construyen cotidianamente la soberanía alimentaria familiar y comunitaria; a los integrantes de la radio campesina de Inzá, por su calidez e infaltable amabilidad. A los investigadores Jair Ospina, John Jairo Rincón, Humberto Hernández, y Rafael Ramírez. A la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (AMCOP), a don Javier Soto, a su hija Lizeth Constanza, en Balsillas a don Humberto, a la señora Araminta, a Yury, a 5 toda la familia Ríos por los momentos compartidos, por las pescas con chile, los apartes de becerros, la hechura de pandebonos, sin más, por abrir las puertas de su hogar y una ventana a la historia de la región. En Guayabal a toda la junta directiva de la AMCOP, a don Miguel Córdoba, a toda la familia Guependo, Javier, Diana y Misael. A Lorena Carrillo por el compartir solidario de inquietudes y posibilidades. A la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), a Carmenza Gómez, a Marcela Pinto, a Juliana y Daniela Cuenca, a Verónica Luna, a Lorena Pineda, mujeres extraordinarias que posibilitaron el espacio de socialización de la presente investigación y contribuyeron decididamente con los enlaces necesarios para desarrollarla, gracias por la confianza. A la red de investigadores en ZRC, a Bladimir Rodríguez por las provechosas conversaciones en el marco de la Cumbre agraria, étnica y popular de 2014, a Gabriel Tobón por las pertinentes indicaciones, a Darío Fajardo por iluminar este trabajo con su experiencia, análisis e interpretaciones, y especialmente, con su compromiso con las zonas de reserva campesina. En los diferentes espacios de socialización académica (Seminarios, Encuentros, Foros) conocí y compartí con diversos hermanos latinoamericanos a quienes también agradezco la convicción de construir proyectos compartidos de futuro desde lo que nos une y no desde lo que nos separa, les agradezco la alegría y la humanidad, a Daniel de Argentina, a Ana Coral de Ecuador, a Polette de México, a María Gloria Fabregat, Glorinha -mi mamá cubana en Brasil-, un precioso y oportuno regalo de la vida. También agradezco a todos los compañeros colombianos con los que me encontré en Brasil, a David Vásquez, a Felipe Rincón, a la colonia colombiana en Presidente Prudente por estrechar los lazos de solidaridad. A toda la gran familia brasilera, porque los amigos son también la familia que uno escoge, agradezco en especial a Juliana Mota y a Daniel Alburqueque por el tejido de cariño inmenso. A Carlos Max por tanto cariño compartido, y, sobre todo, por llevarme a enraizar la insistencia de construir siempre desde el amor. Por el amor a prueba de todo tiempo y distancia agradezco a mi madre Eddy Garrido, también por la espera, agradezco a mis hermanos, a las mujeres de mi familia grande y chiquita, y a mis amigos en Colombia; por el apoyo incondicional agradezco a María del Pilar Ramos y a Tania Mendoza. Quiero agradecer a mi orientador Bernardo Mançano Fernandes por su interés y motivación en la realización de esta investigación, por su disposición a viajar a Colombia en el 2013 a entablar diálogo con parte de las organizaciones campesinas que vienen 6 dinamizando el movimiento agrario y popular en Colombia, por sus pertinentes contribuciones. A los miembros del Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agraria (NERA) de quienes aprendí el enorme trabajo de coordinación que implica mantener el Banco de Datos de Lucha por la Tierra (DATALUTA). Al Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Estadual Paulista, a todos los profesores, en especial a Antonio Thomaz Junior, a Nécio Turra Neto y Antonio Cezar Leal. A los coordinadores y funcionarios del programa en Geografía de la UNESP porque desde el primer momento quisieron honestamente que me sintiera como en casa. A los miembros de la banca de cualificación, a Eduardo Girardi, a Héctor Mondragón y a Felipe Rincón quienes me permitieron problematizar con nuevos elementos los objetivos de la investigación. A Héctor, además, por proporcionar otros espacios de encuentro y conversación en los que compartió generosas observaciones. Mi sincero agradecimiento también a los miembros de la banca examinadora por su atenta lectura y agudas anotaciones sobre lo planteado en este documento. Finalmente, agradezco al convenio entre el programa de apoyo a estudiantes de doctorado del exterior – (PAEDEX) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), por el cual obtuve la beca que hizo posible mi formación doctoral y toda la maravillosa experiencia que ésta ha significado. 7 Zona de Reserva Campesina Cuenca del río Pato y valle de Balsillas, entrada al valle de Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá – marzo de 2014 Panorámica nor-oriental del municipio de Inzá desde la cabecera urbana, Vía al centro poblado de Pedregal, Departamento del Cauca – mayo de 2014 “Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.” Estanislao Zuleta (1935-1990) Sobre la guerra, 1985 8 Resumo Esta pesquisa teve como objetivo compreender o processo de construção de territórios camponeses nas denominadas Zonas de Reserva Camponesa (ZRC) na Colômbia; e seu potencial para garantir a existência de território camponês nas zonas de colonização, como em zonas em que as comunidades organizadas estão solicitando a aplicação da figura jurídica para seus territórios. Nossa premissa é que as ZRC derivam do problema agrário não resolvido, surgem como resultado da mobilização camponesa pelo acesso à terra e como possibilidade de desencadear processos de desenvolvimento alternativos àqueles impostos pelo modelo de desenvolvimento dominante. A fundamentação teórica teve como centralidade o debate da questão agraria, a categoria de território e o conceito de território camponês. Para a análise empírica foram selecionadas a ZRC de El Pato- Balsillas, município de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, e a ZRC de Inzá-Tierradentro, município de Inzá, departamento del Cauca. A estratégia metodológica pautou-se na produção de informação a partir de análise documental, a realização de visitas de campo e entrevistas semiestruturadas a uma mostra qualitativamente escolhida de pessoas envolvidas na conformação e funcionamento das ZRC. Ainda que o olhar buscou focar o campesinato como sujeito coletivo, tomou-se a opção de reconstruir e analisar as trajetórias de suas expressões organizadas, nas associações que lideram a luta para manter a ZRC. Como resultado concluímos que é certo que a reclamação central das organizações camponesas que lideram as ZRC é que o Estado cumpra as disposições emanadas da Lei 160 de 1994 (Lei de Reforma Agrária), mas o fato de que as comunidades se organizem para conseguir a ZRC já constitui o fator fundamental de sua luta pelo território, além da efetividade legal da figura. Contudo, a territorialização camponesa é permanentemente exercida através de múltiplas estratégias e relacionamentos diferenciados com as instituições do Estado (municipal, departamental e nacional), assim como em diferentes plataformas/redes organizativas nas escalas regional e nacional. Na discussão de resultados problematizamos a “encruzilhada” das comunidades camponesas, as quais na procura de seu reconhecimento político reivindicam a autonomia territorial e enfrentam os conflitos derivados do ordenamento jurídico do território e da sua articulação subordinada ao mercado capitalista. Palavras chave: Território, território camponês, territorialização camponesa, estratégias de territorialização, questão agrária. 9 Resumen La investigación tuvo como objetivo comprender el proceso de construcción de territorios campesinos en las denominadas zonas de reserva campesina (ZRC) en Colombia; así como su potencial para garantizar la existencia del territorio campesino, tanto en zonas de colonización, como en aquellas zonas en donde comunidades organizadas están solicitando la aplicación de esta figura jurídica para sus territorios. La premisa de partida es que las ZRC derivan del problema agrario no resuelto; surgen como resultado de la movilización campesina por el acceso a la tierra y como posibilidad de desencadenar procesos de desarrollo alternativos a los impuestos por el modelo de desarrollo dominante. La fundamentación teórica se elaboró en torno a la centralidad del debate sobre la cuestión agraria; la categoría de territorio y la conceptualización de territorio campesino. Para el análisis empírico se seleccionaron la ZRC de El Pato-Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y la ZRC de Inzá-Tierradentro, municipio de Inzá, Cauca. La estrategia metodológica se soportó en la producción de información a partir del análisis documental, la realización de visitas a las ZRC y entrevistas semiestructuradas a una muestra cualitativamente escogida de sujetos involucrados en la conformación y funcionamiento de las ZRC. Si bien la mirada se enfocó en el campesinado como sujeto colectivo, se tomó la opción de reconstruir y analizar las trayectorias de sus expresiones organizadas en las asociaciones que lideran la lucha por alcanzar o mantener la ZRC. Como resultado se concluye que, aunque el reclamo central de las organizaciones campesinas que lideran las ZRC es que el Estado cumpla las disposiciones emanadas de la Ley 160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria), el hecho de que las comunidades se organicen alrededor de la figura, ya constituye el factor fundamental de su lucha por el territorio, más allá de la efectividad legal. No obstante, la territorialización campesina es permanentemente ejercida a través de múltiples estrategias y relacionamientos diferenciados con las instituciones del Estado (municipal, departamental, nacional), y en diferentes redes/plataformas organizativas en las escalas regional y nacional. En la discusión de resultados se problematiza la “encrucijada” de las comunidades campesinas que, en la búsqueda de reconocimiento político y autonomía territorial, deben enfrentar los conflictos derivados del ordenamiento jurídico del territorio y de la articulación subordinada al mercado capitalista. Palabras clave: territorio, territorio campesino, territorialización campesina, estrategias de territorialización, cuestión agraria. 10 Abstract This research aims to understand the process of the construction of peasant territories in the areas denominated Peasant Reserve Zones (ZRC) in Colombia and examine their potential to ensure the existence of peasant territory, both in settlement areas and areas where organized communities are requesting the application of this legal title for their territories. The starting premise is that ZRCs have emerged as a response to the unresolved agrarian question; they arise as a result of peasant mobilization for access to land and as a possibility of initiating development processes alternative to those imposed by the dominant development model. The theoretical foundation of this research has been developed with a focus on the centrality of the agrarian question debates; the geographic category of territory and the concept of peasant territory. For the empirical analysis of ZRCs, two case studies were chosen: the ZRC El Pato - Balsillas in the municipality of San Vicente del Caguán, Caquetá, and the ZRC Inzá - Tierradentro in the municipality of Inzá, department of Cauca. The methodological approach involved the production of information from documentary analysis, conducting visits to the ZRCs and semi- structured interviews of qualitatively chosen subjects involved in the establishment and operation of ZRCs. While the research focuses on the peasantry as a collective subject, it also analyzes and reconstructs the trajectories of peasants who are organized in associations and leading the struggle to achieve or maintain the ZRC. In summation, this research concludes that the process of struggle for land and the right to own forms of development is enhanced by the legal and institutional formalization of the ZRC, but not confined to it. Although the central demand of peasant organizations leading the ZRC is that the State comply with the provisions stipulated in the Agrarian Reform Law (Law 160, issued in 1994), the fact that communities organize themselves in order to achieve ZRC status is the fundamental factor in their struggle for territory, regardless of the legal effectiveness of the ZRC. In fact, peasant territorialization is permanently exerted through multiple strategies and differentiated relationships with state institutions at the municipal, provincial and national levels, as well as on different networks /organizational platforms at the regional and national levels. In the discussion of the results, the "crossroads" of rural communities is highlighted—in seeking political recognition and territorial autonomy they encounter conflicts arising from legal land management/planning and their subordination to the capitalist market. Key words: territory, peasant territory, peasant territorialization, territorial strategies, agrarian question. 11 Lista de Cuadros Cuadro 1. Figuras Territoriales de las comunidades étnicas y campesinas en Colombia 56 Cuadro 2. Zonas de Reserva Campesina constituidas en Colombia. 117 Cuadro 3. Procedimiento para la constitución de zonas de reserva campesina 126 Cuadro 4. Zonas de reserva campesina sin inicio de trámite administrativo 127 Cuadro 5. Conflictos territoriales en la ZRC Inzá-Tierradentro 204 Lista de Figuras Figura 1. Dimensiones para la lectura territorial de la cuestión agraria en Colombia 57 Figura 2. Estrategias de territorialización de la ZRC El Pato-Balsillas 168 Figura 3. Base territorial de la estructura organizativa de la AMCOP 169 Figura 4. Articulación escalar de la AMCOP 175 Figura 5. Estrategias de territorialización de la ZRC Inzá-Tierradentro 206 Figura 6. Base territorial de la estructura organizativa de la ACIT 207 Figura 7. Estructura organizativa de la ACIT 208 Figura 8. Articulación escalar de la ACIT 210 Lista de Gráficos Gráfico 1. Síntesis comparativa de la distribución de la tierra en Colombia 59 Gráfico 2. Importaciones de origen agropecuario y agroindustrial (toneladas) 62 Gráfico 3. Dinámica poblacional en la región de El Pato-Balsillas 156 Gráfico 4. Procedencia de las semillas y mano de obra en la economía campesina de Inzá 181 Gráfico 5. Estructura de la propiedad campesina en Inzá 186 Lista de Mapas Mapa 1. Distribución de población y territorios étnicos 29 Mapa 2. Localización ZRC constituidas en Colombia 114 Mapa 3. ZRC según su situación jurídico-institucional 126 Mapa 4. Zona de reserva campesina de El Pato-Balsillas, San Vicente del Caguán, Caquetá 137 Mapa 5. Zona de Distensión 1998-2002 163 Mapa 6. Afectaciones por recuperación de Baldío, Resolución 810 de 2015-Incoder 175 12 Mapa 7. Zona de reserva campesina de Inzá-Tierradentro, Inzá, Cauca 186 Mapa 8. Zonas campesinas y resguardos indígenas en el municipio de Inzá 194 Lista de Tablas Tabla 1. Cultivos predominantemente campesinos y predominantemente capitalistas en Colombia en 2014 62 Tabla 2. Densidad de población en la ZRC El Pato- Balsillas 138 Tabla 3. Distribución de la tierra rural en la ZRC Pato-Balsillas, por tamaño de la propiedad, según UAF 139 Tabla 4. Parcelaciones realizadas en el marco del Proyecto Piloto (1998- 2003) ZRC El Pato Balsillas (Compra y adjudicación de tierras) 162 Tabla 5. Zonas y veredas campesina del municipio de Inzá 177 Tabla 6. Comparación predios con matrícula inmobiliaria y registro catastral, municipio de Inzá 183 Lista de Fotos Foto 1. Portada artículo “Resguardos Campesinos” 110 Foto 2. Valle del río Balsillas 134 Foto 3. Panorámica desde Guayabal 134 Foto 4. Base militar a la entrada de la inspección de Balsillas 136 Foto 5. Chiva 136 Foto 6. Puesto de Salud de Guayabal 141 Foto 7. Colegio Rural, sede Principal en Guayabal 141 Foto 8. Sistema productivo de ganadería semi-intensiva 141 Foto 9. Sistema productivo basado en cultivo de lulo y aguacate 141 Foto 10. Panorama del municipio de Inzá - División Río Ullucos 178 Foto 11. Cultivo de café, Resguardo Santa Rosa 182 Foto 12. Punto de compra de café en la cabecera urbana de Inzá 182 Foto 13 Huerta comunitaria, proyecto Soberanía alimentaria 182 Foto 14. Lideresas del comité de mujeres 182 Foto 15. Carátula Cartilla Mujeres campesinas en Junta – Comité de Mujeres ACIT 211 Foto 16. Mural en la casa de estudiantes PROTIERRADENTRO en Bogotá 211 13 SIGLAS ACIT - Asociación Campesina de Inzá – Tierradentro ACPO - Acción Cultural Popular AMCOP - Asociación Municipal de Colonos del Pato-Balsillas ANZORC - Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina BM - Banco Mundial CAR - Corporación Autónoma Regional CEI – Centro de Estudios Interculturales CINEP – Centro de Investigación y Educación Popular CGR - Contraloría General de la República CLOC - Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CMDR - Consejos Municipales de Desarrollo Rural CNA - Censo Nacional Agropecuario CNRC - Congreso Nacional de la República de Colombia CNMH - Centro Nacional de Memoria Histórica CHCV - Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas CNMH – Centro Nacional de Memoria Histórica CONPES – Consejo Nacional de Política Económica y Social CORPOAMAZONIA - Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia CORPOICA – Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CPN - Constitución Política Nacional de 1991 CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística DDHH - Derechos Humanos DNP – Departamento Nacional de Planeación 14 DRI - Desarrollo Rural Integrado (Fondo de Cofinanciación para la inversión rural) EOT - Esquema de Ordenamiento Territorial EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria FARC-EP - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FENSUAGRO – Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FIP – Fundación Ideas para la Paz FNA- Fondo Nacional Agrario IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi ILSA – Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos INCODER - Instituto Colombiano para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural INCORA - Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INAT - Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INPA- Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura JAC - Juntas de Acción Comunal MIA - Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia ONU - Organización de las Naciones Unidas OCPDH - Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos PDS – Plan de Desarrollo Sostenible PND – Plan Nacional de Desarrollo PNN – Parque Nacional Natural PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PPZRC – Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina PUPSOC - Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano 15 TCCN - Territorio Colectivo de Comunidades Negras TDR – Territorialización-Desterritorialización-Reterritorialización TP – Traducción Propia UAF - Unidad Agrícola Familiar UPRA – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia SINA – Sistema Nacional Ambiental SINCHI – Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas ZDE – Zona de Desarrollo Empresarial ZIDRES - Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social ZRC - Zona de Reserva Campesina 16 CONTENIDO INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 17 1. LECTURA TERRITORIAL DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN COLOMBIA . 23 1.1 Los legados coloniales .............................................................................................. 31 1.2 La disputa por los baldíos en el régimen primario exportador republicano ............. 37 1.3 El proyecto modernizador y los ciclos de reforma - contrarreforma agraria (1930- 1980) ............................................................................................................................... 42 1.4 El régimen neoliberal, nuevo ciclo de despojo y acumulación mediante la guerra .. 50 2. CUESTIÓN AGRARIA Y TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA ..................... 67 2.1 Trayectorias del debate sobre la cuestión agraria y el campesinado ........................ 68 2.2 Centralidad de la cuestión agraria: renta capitalizada de la tierra y economía política del campesinado ............................................................................................................. 80 2.3 Territorio y territorialización campesina .................................................................. 87 2.4. Autonomía territorial campesina en el Estado capitalista ....................................... 98 3. FRUTO Y SEMILLA: ORIGEN DE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 104 3.1 Del origen de las ZRC como figura jurídica........................................................... 105 3.2 Institucionalización de la territorialización campesina: De lo legítimo a lo legal .. 116 3.3 Disputas y discursos de oposición a la figura de ZRC ........................................... 127 4. TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA EN LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA PATO – BALSILLAS .......................................................................... 133 4.1 Territorialización antecedente a la constitución de ZRC ........................................ 141 4.2 Aspiración a constituirse en ZRC ........................................................................... 156 4.3 Estrategias de territorialización campesina ............................................................ 164 5. TERRITORIALIZACIÓN CAMPESINA EN LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA INZÁ-TIERRADENTRO..................................................................... 176 5.1. Territorialización antecedente a la constitución de ZRC ....................................... 184 5.2 Aspiración a constituirse en ZRC ........................................................................... 193 5.3 Estrategias de territorialización campesina ............................................................ 203 6. CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................... 216 REFERENCIAS ........................................................................................................... 221 ANEXOS Anexo 1. Entrevistas realizadas Anexo 2. Organizaciones participantes en el Mandato Agrario 2003 y la Cumbre Agraria, étnica y popular 2014 Anexo 3. Síntesis del proceso de clarificación de títulos de resguardos en Inzá 17 INTRODUCCIÓN La investigación buscó comprender el proceso de territorialización campesina en las denominadas zonas de reserva campesina (ZRC) en Colombia, así como su potencial para garantizar la existencia del territorio campesino tanto en zonas de colonización como en aquellas zonas en donde comunidades campesinas organizadas están solicitando la aplicación de esta figura jurídica para sus territorios. El territorio campesino es entendido de acuerdo con Fernandes (2012) como el espacio de vida del campesino, el lugar o lugares donde una enorme diversidad de culturas campesinas construye su existencia. Es posible comprender el territorio campesino en varias escalas, desde la referencia absoluta de la unidad familiar, una vereda, una localidad, hasta la referencia relativa de una región. Las ZRC surgen como resultado de la lucha y movilización campesina por el acceso a la tierra y como posibilidad de construcción de procesos de desarrollo propios o alternativos a los impuestos por el modelo de desarrollo dominante. De tal manera, las ZRC derivan de un problema agrario no resuelto que se inscribe a su vez en el proceso de formación socio-espacial del Estado colombiano. Formación ésta que se caracteriza, entre otros aspectos, por su articulación dependiente-periférica al sistema capitalista, por continuas formas de violencia política y por la heterogeneidad cultural, siendo estos dos últimos, elementos que complejizan la cuestión agraria colombiana. Se propone que las ZRC constituyen territorios campesinos que encarnan una territorialidad alternativa al modelo de desarrollo hegemónico, en un proceso de lucha potenciado por la formalización jurídico-institucional de la figura, pero que no se agota en ella. Si bien es cierto que la exigencia central de las organizaciones campesinas que lideran las ZRC es el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley 160 de 1994 por parte del Estado; la organización de las comunidades campesinas alrededor de la figura de ZRC, constituye ya el factor fundamental de su lucha por el territorio, más allá de la efectividad jurídica de la figura. La investigación se enmarcó en la comprensión del proceso de construcción de territorio campesino impulsado por organizaciones con amplia trayectoria de la lucha por la tierra y la reforma agraria, trayectoria que puede o no incorporar la reivindicación del derecho al territorio y múltiples formas de resistencia. Se indagó principalmente por la forma en que las comunidades campesinas han venido construyendo sus territorios, en un entorno en que las organizaciones que lideran a las comunidades son las dinamizadoras 18 del movimiento campesino que confluye en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). Cuestiones tales como los alcances y limitaciones de las ZRC como mecanismo de acceso colectivo y/o de redistribución de la tierra y la materialización de autonomía territorial que disputa ordenamientos territoriales hacen parte de la discusión para entender la naturaleza de las ZRC. Se parte de la base de que las nociones y conceptos son histórica y socialmente construidos en determinados contextos y, por tanto, relativos a ese contexto y no absolutos (FOUREZ, 1988, p. 241). También, de que cada grupo y sujeto social y políticamente situado “lee” la realidad desde perspectivas construidas históricamente (histórico- culturales), desde visiones de mundo, de clase, de momentos históricos concretos y de los proyectos que persigue. Con ello se procura situar el espacio-tiempo desde el que se da cuenta de la historicidad/geograficidad de los conceptos, pues no son una construcción a priori preestablecida. La construcción discursiva parte del horizonte histórico del capitalismo contemporáneo; desde la condición periférica y dependiente de Colombia, resultado de su proceso de formación socioespacial. El primer capítulo consiste en una contextualización de la situación del campo y el campesinado colombiano a partir de una síntesis del origen y desarrollo de la cuestión agraria. Ésta intenta abordar, por un lado, la forma como se ha regulado históricamente el acceso a la tierra, desde los procesos iniciales de acaparamiento y concentración en el periodo colonial y republicano; las leyes de reforma y contrarreforma del siglo XX; las disposiciones para la ocupación y poblamiento de llamados baldíos nacionales; hasta las disposiciones recientes en materia de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, social y político. Por otro lado, se complementa necesariamente el abordaje, con la discusión acerca del modelo de desarrollo dominante en el marco de las transformaciones en el régimen de acumulación del capital y el papel del Estado en materia de desarrollo rural, en tres periodos, además del colonial: el régimen librecambista de la república a los años 30, posteriormente el tránsito hacia la modernización agrícola vía revolución verde e industrialización por sustitución de importaciones y finalmente, el periodo que va desde la apertura neoliberal hasta la actual profundización del régimen económico neoliberal. En el segundo capítulo se presenta el contexto teórico desde el cual se aborda la cuestión agraria contemporánea, alrededor de cuatro elementos: el primero sintetiza 19 algunas de las corrientes que estudian el papel del campesinado en el desarrollo del capitalismo; el segundo expone a través del concepto de renta capitalizada de la tierra (MARTINS, 1979, 1981) porqué la lucha por la tierra es entendida como la lucha contra el capital. El tercer elemento presenta los planteamientos centrales de la denominada por Armando Bartra (2013) “economía política del campesinado”, con el propósito de fundamentar una conceptualización del campesinado, amplia y diversa en términos sociales, económicos, culturales y políticos; pero, especialmente para entender los procesos compartidos de subordinación y resistencia. El último elemento de este capítulo consiste en un esfuerzo analítico de hacer una lectura territorial de la cuestión agraria mediante la discusión del concepto de territorio, definido éste principalmente a partir de las relaciones de poder y desde una perspectiva conflictual, que permite comprender que todo conflicto por la tierra (propiedad, apropiación, uso, etc.) es un conflicto territorial; en el cual construcciones territoriales de sujetos sociales están permanentemente en conflictualidad librando disputas en las múltiples dimensiones que constituyen la realidad social. Acorde con el referencial teórico de los primeros apartados, se presenta también en este capítulo un instrumento analítico de la geografía agraria, según el cual las transformaciones territoriales del campo pueden ser explicadas por la producción del capital y su reproducción ampliada; y por la manera cómo éstas se articulan con la propiedad de la tierra, a través de los procesos de territorialización del capital monopolista y monopolización del territorio por el capital (OLIVEIRA, 1999, 2004); así como la conceptualización de territorio campesino (FERNANDES, 2012) que contribuye a destacar el protagonismo del campesinado en la lucha no sólo por “subsistir”1 sino por la reivindicación de su papel social, económico o ambiental en el mantenimiento de sociedades diversas; y principalmente, su papel político en busca de una democratización real y no formal de la sociedad. En el tercer capítulo se identifican tres momentos relevantes de la trayectoria de las ZRC en los que se materializa la lucha por el territorio campesino: i) Su origen como 1 Se acoge aquí la crítica de que “En realidad la idea de economía de subsistencia surge del campo ideológico del Occidente moderno, y de ninguna manera del arsenal conceptual de una ciencia […] Hemos comprobado que la idea de economía de subsistencia querría ser un juicio de hecho, pero engloba en realidad un juicio de valor sobre las sociedades así calificadas: evaluación que destruye de inmediato la objetividad que pretende alcanzar. El mismo prejuicio —ya que en definitiva se trata de eso— pervierte, y destina al fracaso, el esfuerzo para analizar el poder político en dichas sociedades” (CLASTRES, P., 1978, pp. 14- 15) 20 figura jurídica, es decir, el proceso que explica cómo la ZRC se propuso como mecanismo para regular la ocupación y la colonización de baldíos, dándole vía legal en la última ley de reforma agraria (Ley 160 de 1994); ii) El proceso de apropiación de la figura de ZRC por comunidades campesinas que no se localizan en zonas de colonización, pero hacen uso de la figura como una estrategia de territorialización que les permite o aspiran a que les permita la defensa jurídica de su territorio; y iii) Las ZRC como una iniciativa agraria para la paz, que se inscribe en la propuesta de conformar un Sistema Nacional de ZRC y un Programa Nacional de ZRC dentro de la denominada “Política de Desarrollo Agrario Integral” y “Reforma Rural Integral”, primer punto de discusión de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP2. Para finalizar este capítulo se consideran algunos de los principales discursos de oposición a la figura de ZRC. El cuarto y quinto capítulos dan cuenta del análisis de la territorialización campesina en las ZRC seleccionadas para la investigación empírica: la ZRC de El Pato- Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, y la ZRC de Inzá-Tierradentro, municipio de Inzá, departamento del Cauca. El propósito es realizar un análisis comparativo que permita caracterizar las condiciones estructurales y contingentes que operaron en el proceso de construcción de territorios campesinos alrededor de la figura de ZRC en regiones distintas, pero cuyas bases sociales cuentan con reconocida trayectoria de lucha por la tierra. La primera corresponde a una ZRC, zona tradicional de colonización, constituida y reconocida formalmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). La segunda corresponde a una ZRC de hecho, que apropió la figura para demarcar el territorio campesino frente a la aspiración territorial de ampliación del territorio indígena dentro del municipio de Inzá. Como delimitación metodológica el recorte temporal para el estudio de estas dos ZRC fue definido a partir de la creación de las asociaciones campesinas que lideran la constitución y el funcionamiento de las respectivas ZRC a ser comparadas; así como las movilizaciones campesinas que condujeron a las regulaciones institucionales de carácter nacional (Ley 160 de 1994) y a las normas reglamentarias. Más que recolección, se produjo información a partir del análisis documental, la realización de visitas a las ZRC 2 El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fue firmado por el gobierno de Colombia y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, con él se dio inicio a los Diálogos de Paz, alrededor de seis puntos: 1) Política de Desarrollo Agrario Integral, 2) Participación política, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 5) Víctimas y 6) Implementación, verificación y refrendación. 21 y entrevistas semiestructuradas a una muestra cualitativamente escogida de sujetos involucrados en conformación y funcionamiento de las ZRC (Ver anexo 1). Ello, primeramente, en diálogo y concertación con la ANZORC, la AMCOP y la ACIT. Los recorridos por las ZRC estuvieron mediados casi siempre por la negociación previa de agendas, a través de los líderes de las organizaciones y otros representantes de las comunidades campesinas. Ello constituye evidentemente un sesgo, que dada la situación de seguridad en los momentos en los que realicé el trabajo de campo3 fueron condición de posibilidad para la realización de la investigación. De allí también que los nombres de la mayoría de los sujetos entrevistados fuesen cambiados por el compromiso ético adquirido con el trabajo mismo, con las comunidades y con la universidad. El devenir del proceso investigativo sobre la construcción de territorios campesinos condujo a enfocar el análisis en lo que en este trabajo se denominan estrategias de territorialización campesina. Análisis que, si bien se centra en el sujeto colectivo que es el campesinado de las ZRC, se circunscribe a sus expresiones organizadas en la Asociación Municipal de colonos de El Pato (AMCOP) y la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro (ACIT). Las estrategias contemplan una división básica en “procesos de fortalecimiento organizativo” y “eventos producto(res) de estrategias. Los primeros referidos a dinámicas organizativas de cierta permanencia en el tiempo, o que se desarrollan en determinados periodos; mientras los eventos, pueden ser tanto acontecimientos de corta duración que materializan la intención de un proceso organizativo (de allí que sean producto), así como también de situaciones que desencadenan o producen nuevos espacios de socialización y a su vez, nuevas prácticas de territorialización (por ejemplo, la constitución de comités de trabajo, o la participación en acciones colectivas –movilizaciones, marchas, paros, etc.). Como resultado se encuentran las siguientes estrategias estructurantes de las ZRC: el fortalecimiento organizativo que orienta acciones para el ejercicio de autogobierno comunitario de hecho; las acciones para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra; las prácticas de economía solidaria; la capacidad de gestión de recursos; la afirmación/re- construcción de la identidad territorial (no solo como campesinado, o campesinado- colono, sino como campesinado perteneciente a una ZRC); la actuación en instancias de participación política en el ámbito local de administración del Estado, así como en 3 Durante Cumbre agraria, étnica y popular, previo a elecciones presidenciales y posterior a elecciones municipales. 22 diferentes redes/plataformas organizativas en las escalas regional y nacional. En la discusión de resultados se problematiza la “encrucijada” de las comunidades campesinas que, en la búsqueda de reconocimiento político y autonomía territorial, deben enfrentar los conflictos derivados del ordenamiento jurídico del territorio y de la articulación subordinada al mercado capitalista. 23 1. LECTURA TERRITORIAL DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN COLOMBIA […]El campesinado ya no enfrenta sólo, ni principalmente a la “vía terrateniente”, sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita “limpiar” el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer mediante la guerra […]No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados” (MONDRAGÓN, 2002a, p.6) El problema agrario derivado de la enorme desigualdad en la distribución de la tierra, se fraguó a partir del orden colonial implantado en el territorio que hoy es Colombia. Variadas expresiones de violencia han sido la fuerza central que continúa configurando relaciones sociales y estructuras de poder basadas en la concentración de la tierra. Al respecto, escasa controversia hay entre los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto (2014)4, investigadores y estudiosos del conflicto armado interno colombiano de que, a pesar de la multicausalidad y complejidad de factores que contribuyen a comprender el origen del conflicto y su persistencia, éste hunde sus raíces en la profunda desigualdad en el acceso a la tierra. Tal desigualdad se manifiesta, entre otros indicadores, en coeficientes de gini de concentración de la propiedad rural de 0.863 y de concentración de propietarios de 0.886 para el año 2009 (IGAC, 2012, p. 118). De tal manera, sólo el 1,15% de propietarios concentra el 52,2% de la tierra titulada (PNUD, 2011a, p.206), el 41% del área de propiedad privada corresponde a la gran propiedad, es decir, a predios de más de 200 hectáreas; el 40% de la propiedad privada a la mediana propiedad, en un rango de predios entre 20 y 200 hectáreas; mientras que la extensión restante está distribuida entre pequeña propiedad, minifundio –predios entre 3 y 10 hectáreas-, y microfundio –predios de menos de 3 hectáreas- (IGAC, 2012, p. 117)5. 4 La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), fue una instancia convocada en el año 2014 en la Mesa de Conversaciones de La Habana, entre el gobierno nacional y las FARC-EP, conformada por doce expertos: Renán Vega, Francisco Gutiérrez Sanín, Darío Fajardo, Sergio de Zubiría, María Emma Wills, Vicente Torrijos, Jairo Hernando Estrada, Alfredo Molano, Jorge Giraldo, Gustavo Duncan, Malcolm Deas y Daniel Pecault; y dos relatores: Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo; con la misión de producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los factores que han contribuido a su persistencia, y sus impactos sobre la población. 5 Los cálculos fueron realizados con base en el registro catastral, que presenta una altísima desactualización para el sector rural en todos los departamentos del país. Para 2011, de acuerdo con el documento 3717 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el 54,09% del catastro rural estaba 24 El proceso concentrador de tierras de las últimas décadas se hizo a costa del despojo violento de tierras a aproximadamente 6 millones de habitantes del campo, por lo cual Colombia, después de Siria, es el segundo país con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado en el mundo (ACNUR, 2015, p. 23), en la más reciente y atroz oleada de desterritorialización de comunidades rurales6. Según la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado (2011, p.42), entre 1980 y julio de 2010, 1’088.90 familias fueron despojadas u obligadas a vender o abandonar sus tierras, calculadas en 6.638.195 hectáreas, equivalentes a 15,4% de la superficie agropecuaria nacional. Los predios despojados corresponden en un 73% a minifundio y pequeña propiedad, y un 26,6% a predios de rangos entre 20 y 500 hectáreas (ACCIÓN SOCIAL, 2010a)7. El despojo y abandono de tierras ocurrió con mayor intensidad entre 1998 y 2008, en tanto en este periodo 5’263,282 de hectáreas fueron abandonadas, vendidas o entregadas a terceros forzosamente (COMISIÓN, et., al, 2011, p.9). La usurpación violenta ha sido facilitada por el predominio de derechos no formalizados sobre la tierra (poseedores, ocupantes y tenedores), así como por el uso ilegal de figuras jurídicas para legitimar el despojo, como se verá más adelante. Sin embargo, lo que conviene destacar por ahora es que la reconfiguración provocada por el despojo de tierras viene a profundizar la desigual distribución en la tenencia de la tierra. Hecho que históricamente se interrelaciona con el tipo de uso productivo e improductivo de la tierra rural en Colombia, a partir de los modelos de desarrollo impuestos para el campo. En términos productivos, de una superficie continental del país de 111’515.485 hectáreas8, actualmente 7,1 millones (6,3%) están dedicadas a cultivos agrícolas, y 34,4 millones de hectáreas (30,8%) están ocupadas en pastos y rastrojos (DANE, 2016). No obstante, sólo 15 millones de hectáreas tienen potencial para la ganadería, y 22 millones de hectáreas son potencialmente aptas para la agricultura (IGAC, 2012). desactualizado, y el 2,63% aún estaba por formar, lo que indica a su vez el alto grado de informalidad en la tenencia de la tierra. 6 Aunque se profundizará en el segundo capítulo como parte del marco teórico, es preciso aclarar que se entiende la desterritorialización no exclusivamente en el sentido más difundo que se refiere al desarraigo de la tierra (posesión, tenencia o propiedad) debido al desplazamiento forzado de población, sino como la fractura de las relaciones sociales que provocan la desestructuración de las prácticas materiales y simbólicas de las familias y comunidades rurales que constituyen “sus” territorios. 7 El cálculo de Acción Social (2010) se hizo considerando una cifra de 6.556.978 hectáreas despojadas, que, sin embargo, guarda consistencia con la estadística posterior presentada por la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado (2011). 8 La superficie continental total de Colombia es de 114.174.800 hectáreas, sin embargo la cobertura del Censo Nacional Agropecuario (CNA - 2014) es la mencionada en el cuerpo del texto. 25 Los conflictos de sobreexplotación y subutilización en el uso del suelo rural están estrechamente ligados a la conflictividad social derivada de la conformación de la estructura agraria. Mientras el 0,4% de las unidades de producción mayores a 500 hectáreas ocupan el 76,6% del área rural dispersa censada; el 75,0% de las unidades de producción menores a 5 hectáreas ocupan tan solo el 2,1% del área rural (DANE, 2016, CNA 2014-Boletín 1). Las brechas productivas se revelan en que, sólo el 15,9% de los productores rurales tienen maquinaria para desarrollar las actividades agropecuarias, el 16,3% tienen construcciones (infraestructura) para el desarrollo de tales actividades, y en ambos aspectos son las unidades de producción agropecuaria superiores a 1000 hectáreas las principales beneficiadas (DANE, 2016). Adicionalmente, la población rural colombiana es altamente diversa. Está compuesta por indígenas, afrodescendientes, campesinos, trabajadores rurales sin tierra y aquellos dedicados a otras actividades productivas (pesca, minería, transporte, pequeños comerciantes), que en todo caso, en su mayoría se encuadran en sistemas de economía campesina. De acuerdo con el índice de ruralidad9, tres cuartas partes de los 1102 municipios del país son predominantemente rurales; en ellos vive el 31,6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio nacional. No obstante, la categoría “campesino” no aparece en la información oficial del país. Las entidades gubernamentales estiman como rural a la población que habita en el “resto” por oposición a la población que habita en las cabeceras urbanas. De igual manera, en términos de la ocupación económica se asocia a los campesinos con la categoría “cuenta propia” o trabajadores independientes ocupados en la rama agropecuaria. El problema es que esta categoría no registra todos los arrendatarios, aparceros, medieros y otros productores que usan como fuente básica de generación de ingresos la producción agropecuaria u otras actividades no agrícolas que les permiten mantener sus economías (PNUD, 2011b, p.49). Acogiéndose a estas categorías se tiene que, en términos poblacionales, según el último censo poblacional (2005), los habitantes de las áreas denominadas resto corresponden a once millones; y según ocupación económica, para ese año, Garay, Barberi y Cardona (2010, p. 4) estimaron un total de 1,8 millones de hogares 9 El índice de ruralidad combina la densidad demográfica con la distancia de los centros poblados menores a los mayores; adopta el municipio como unidad de análisis y no el tamaño de las aglomeraciones; y asume la ruralidad como un continuo (municipios más o menos rurales), antes que como una dicotomía urbano- rural. (PNUD, 2011a, p.18; Departamento Nacional de Planeación, 2014). A 2016, la población colombiana asciende a 47’127.987 habitantes. 26 campesinos, lo equivaldría a unos siete millones de campesinos. Este campesinado, con base en diversos estudios, señala Salgado (2010, p.22): (…) se ha encargado de producir, como tendencia histórica, alrededor del 65% de los alimentos de consumo directo, el 35% de la leche, el 5% de las aves, el 30% del café de exportación, el 14% de los pastos. Los cultivos predominantemente campesinos cubrían a comienzos de siglo el 67.2% de la superficie cosechada y (sic) generaban el 60.1% del valor de la producción agrícola y aportaban el 35% de la canasta diaria de consumo de la población colombiana. Pero a pesar de su contribución a la economía nacional, buena parte del campesinado vive en graves condiciones de pobreza. Para el 2002 el Banco Mundial (2004, p. 59), calculaba que la tasa de pobreza rural era de 79%, y de 37% la pobreza extrema, y para el 2013 el DANE (2014, p. 22) indica que, en términos de pobreza multidimensional, el 45,9% de los habitantes del campo se encuentran en esta condición, siendo 2,5 veces mayor la pobreza rural que la urbana. Este panorama como se indicó al principio, está atravesado por el conflicto armado. Al respecto se ha afianzado en Colombia un enfoque que señala que en el país existen dos grandes conflictos en el sector rural: el conflicto agrario y el conflicto armado interno, y que su articulación constituye el “conflicto rural mayor” que incluye a ambos (OCAMPO, 2014; PÉREZ, 2004; PNUD, 2011a; RESTREPO & BERNAL, 2014). Lo que expone este enfoque es que el tema de tierras estaría asociado principalmente al conflicto agrario, mientras el conflicto armado guarda más relación con el territorio, el control de la población y la institucionalidad pública para la extracción de rentas, cuyos protagonistas serían la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública, los cuales disputan el ejercicio de la soberanía sobre territorios y población. Así, es ilustrativo el informe de desarrollo humano “Colombia Rural: razones para la esperanza” al señalar que la tierra “es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos, en tanto que el territorio es objeto de control, dominio y violación de derechos de las comunidades” (PNUD, 2011a, p. 186). En ese sentido se entiende que: “El conflicto deriva en una disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales y el Estado. El territorio se lo disputan quienes lo necesitan para la guerra y el enriquecimiento ilícito, frente a la defensa legítima que hace de él, el Estado. Desde los inicios de los años 1980 y hasta el presente, el conflicto armado interno no tiene como corazón la lucha por la tierra entre campesinos y terratenientes. Esa pugna histórica es subsumida por la que mantienen con las poblaciones los actores armados (señores de la guerra) por 27 el control del territorio, impulsados en buena medida por el negocio del narcotráfico.” (PNUD, 2011a, p. 191). Desde este abordaje, el conflicto entre actores armados (paramilitares, guerrilla y narcotráfico) deriva en la lucha por el territorio, el control de la población, la captura de las entidades públicas locales y regionales, el acceso al poder político, la captura de rentas de todo tipo. De tal manera, el conflicto por la tierra (entendido como el conflicto agrario clásico entre campesinos y terratenientes) no desaparece, sino que se combina y articula con el conflicto por el territorio. Dicho enfoque sugiere que debe revisarse la idea de que todos los conflictos rurales en Colombia tienen origen en la tierra, para contextualizarla y discutir tipologías de conflictos. Conflictos que, sin embargo, se entienden como subsumidos o subordinados por el denominado “control del territorio”, aunque paradójicamente también reconoce que “Si no se rompe el poder político de los grandes propietarios fundamentado en la posesión de la tierra, será difícil avanzar hacia una modernización incluyente” (PNUD, 2011a, p. 191). Ahora bien, la premisa de la que parte esta investigación difiere de la interpretación anterior, y busca ofrecer otra lectura territorial de la cuestión agraria en Colombia. Lo que aquí se denomina cuestión agraria hace referencia tanto a los conflictos en torno al acceso, uso y distribución de la tierra; así como también, a la manera en que la sociedad organiza la producción y el trabajo en el campo para garantizar y reproducir su existencia. Desde esta perspectiva, el conflicto que encarna la cuestión agraria es territorial porque relaciones sociales capitalistas y no capitalistas están en continua tensión por la efectivación de territorios, y son grupos sociales, sujetos colectivos quienes materializan tales relaciones10.Este conflicto es mediado tanto por la acción del Estado -el modelo de desarrollo económico que incluye la política de tierras y la política agraria-; como por las formas de organización de las comunidades rurales, étnicas, campesinas y populares en general, en su lucha por la tierra y por la construcción de modelos propios de desarrollo. 10 Dicho de otra manera, es la disputa por la territorialización de relaciones capitalistas y no capitalistas en el campo, en el seno de la contradicción según la cual se recrean relaciones no capitalistas en el proceso de producción del capital. Así, “[…] el capital se realiza desarrollando su propia relación social [a través de la reproducción ampliada] destruyendo el campesinado, y también se desarrolla en la creación y en la recreación del campesinado [a través de la producción de capital]” (FERNANDES, 2004, p. 7), vía acumulación originaria, que es permanente, o por las formas renovadas de acumulación por desposesión, como se verá en el siguiente capítulo. 28 Esta lectura territorial considera el proceso de diferenciación geográfica y el desarrollo geográfico desigual que operan en la configuración de la cuestión agraria, puesto que ésta se inscribe tanto en el desarrollo del capitalismo en general; en el desarrollo capitalista del campo, en particular; y en el ordenamiento normativo del Estado. Las diferenciaciones geográficas, en el sentido planteado por Harvey ([1982],2013), provienen del hecho de que el capitalismo no se desarrolla en una superficie plana, sino que está inserto, crece y se difunde en un ambiente geográfico variado, esto es, de gran diversidad en la naturaleza y en la producción del trabajo. Pero también, del hecho de que, dentro de la propia naturaleza del capitalismo, éste encuentra barreras para la acumulación, que lo obligan a producir nuevas formas de diferenciación geográfica. Las diferentes formas de movilidad geográfica -del capital y del trabajo- interactúan en el contexto de la acumulación y así construyen, fragmentan y crean configuraciones espaciales en la distribución de las fuerzas productivas, y, generan diferenciaciones similares en las relaciones sociales, en los arreglos institucionales, etc. De modo que, “As diferenciações geográficas então com frequência parecem ser o que elas realmente não são: meros residuais históricos em vez de aspectos ativamente reconstituídos dentro do modo de produção capitalista” (HARVEY, 2013, p. 527). La tendencia constante a la diferenciación basada en la división del trabajo, y, por otro lado, la tendencia opuesta hacia la igualación de la tasa de ganancia, constituyen la contradicción esencial sobre la cual opera la ley del valor en el capitalismo. En tanto Marx temporaliza el resultado de esa contradicción en una teoría multifacética de las crisis capitalistas, Smith (1984) se propone desplegar este resultado en el espacio y señala que en la práctica esa contradicción interna a la lógica de acumulación del capital - diferenciación espacial de rentas, salarios, producción, costos, sistemas diferenciados de circulación financiera y producción social e igualación de condiciones de producción social y reproducción- encuentra su resolución en el desarrollo geográfico desigual. 29 Mapa 1. Distribución de población y territorios étnicos Fuente: DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2014, Entrega 5 El Censo cubrió 773 Resguardos Indígenas, 181 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados, Territorio Ancestral Raizal y Comunidades étnicas identificadas en los talleres de cartografía. 30 De acuerdo con la formulación de Smith (1988), el desarrollo desigual es tanto el producto como la premisa geográfica del desarrollo capitalista, es decir “...é a desigualdade social estampada na paisagem geográfica e é simultáneamente a exploração de aquela desigualdade geográfica para certos fins determinados” (SMITH, 1988, p. 227). Se entiende así, que el desarrollo desigual no sólo es un “desnivel” entre regiones más desarrolladas y menos desarrolladas, sino que hace parte intrínseca de la lógica por la cual se construyen territorios, en diferentes escalas espaciales y temporales de análisis. De esta forma, la lectura territorial propuesta parte de la base de que, las transformaciones en el régimen de acumulación del capital se expresan en los cambios en el orden jurídico- económico del Estado, y que estos, devienen en desarrollos geográficos desiguales al interior del país. Ello refiere, por ejemplo, a la desigual distribución de la producción agropecuaria (agricultura capitalista de exportación y agricultura campesina para el abasto alimentario interno), y a la distribución desigual en las relaciones de producción (según formas de producción, tipos de productores y su relación con las formas de propiedad de la tierra) en el territorio colombiano11. Metodológicamente en este capítulo se busca evidenciar la persistencia de algunos elementos y el surgimiento de nuevos factores de la cuestión agraria, en cuatro momentos. La periodización se basa en otras ampliamente estudiadas en las ciencias sociales latinoamericanas, sobre el proceso de acumulación del capital en la región, en relación, por ejemplo, con la transformación del campesinado (LLAMBÍ, 1990)12; con el rol de la agricultura en la reproducción del capital en las fases del dominio agroalimentario (RUBIO, 2014)13, y para el caso de Colombia para referirse a la actuación del Estado sobre el problema agrario (MACHADO 2009a, 2009b, 2012)14. En el abordaje de cada periodo se sintetiza el panorama de: i) los procesos de apropiación de la tierra y cómo se 11 Aquí “territorio colombiano” hace referencia al ámbito de jurisdicción del Estado colombiano. La discusión sobre el concepto de territorio se amplía en el siguiente capítulo. 12 Llambí (1990) estudia tres periodos: el régimen primario exportador hasta 1930, el régimen caracterizado por los procesos de industrialización para el abastecimiento del mercado interno, hasta mediados de los años ochenta y el régimen neoliberal a partir de los noventa, que se ha venido profundizando hasta hoy. 13 El análisis de Rubio (2014) del rol de la agricultura en el proceso de reproducción del capital, es sobre un periodo más reciente, divido en cuatro fases: La emergencia del poder alimentario mundial de EEUU en la posguerra, 1945- 1970; la crisis del orden agroalimentario de la posguerra, 1970-1980; el neoliberalismo y la fase alimentaria global, 1980- 2002; y el declive hegemónico de los EEUU y las crisis capitalista y alimentaria, 2003 – 2012. 14 Machado señala tres fases: la premodernidad, desde la colonia hasta 1930; la transición de la premodernidad a la modernidad, hasta finales de la década de sesenta; la última hasta hoy, de modernización sin modernidad. 31 configura la estructura de la propiedad a partir de la disputa por los baldíos de la nación, disputa manifiesta en la política de tierras y reforma agraria, y en las disposiciones sobre los territorios de comunidades étnicas; ii)la caracterización de los usos (im)productivos del espacio rural, y la acción del Estado a través de las políticas agrarias; iii) Los procesos de organización social y política de las comunidades del campo colombiano, destacados como resistencias a las formas de dominación en cada régimen de acumulación. Se hará referencia a los diferentes actores armados y a las manifestaciones de la violencia armada en cada periodo. Finalmente, se presenta la hipótesis de que, dentro de las expresiones de resistencia de las comunidades rurales, y en particular de la organización campesina en la fase neoliberal, las Zonas de Reserva Campesina constituyen una de las principales expresiones de la defensa del territorio campesino y la lucha por la gestión de un modelo de desarrollo propio. Para acompañar la lectura, ver la figura 1: Dimensiones para la lectura territorial de la cuestión agraria en Colombia. 1.1 Los legados coloniales Los legados coloniales hacen referencia a las instituciones que sentaron la base de las formas de apropiación y explotación de la tierra; guardan relación con el régimen de acumulación moderno colonial y el auge del capitalismo mercantil; en especial, con la trayectoria del Imperio Español y su posición en Europa entre los siglos XVI y XVIII. De manera sucinta se presentan las disposiciones y leyes relevantes en materia de tierras, las instituciones económicas de la Nueva Granada (encomienda, mita y resguardo) las formas de administración del territorio neogranadino como antecedente de las que regirán en la independencia, así como las resistencias más emblemáticas de comunidades étnicas (indígenas y negras) al ordenamiento colonial, todo lo cual funda el proceso de formación socio-espacial colombiano. En la etapa de conquista violenta, dado que el objetivo de la corona española no era conceder tierras para que los conquistadores desarrollaran una nobleza feudal, sino hacerse rápidamente a los metales preciosos (FALS, 1975), se implantaron formas de explotación de la naturaleza y de la población indígena, que condicionaron los procesos 32 de poblamiento posteriores15. El acaparamiento de tierras productivas y la desposesión de territorios indígenas, se desencadenó a partir de las concesiones otorgadas por la corona, mediante mercedes reales o cédulas reales y capitulaciones. Las primeras eran perpetuas y las entregaba el rey al conquistador, como recompensa por los servicios prestados en el descubrimiento, de ellas surgieron luego las haciendas señoriales, los mayorazgos16 y las tierras eclesiásticas (FALS, 1975; MELO, 1996). Las segundas eran contratos que tenían como condición, que se habitara y cultivara la tierra (regla de morada y labor) con el fin de que quienes explotaran, tributaran a la corona por este derecho. Las adjudicaciones eran extensas y los límites inciertos, las mercedes podían llegar a 200.000 hectáreas o más, así que para el siglo XVI unas pocas personas ya se habían apropiado de las mejores tierras de las planicies de la costa caribe y los dos valles interandinos (MACHADO, 2009, p. 25; MÁRQUEZ, 2001). En 1591, Felipe II estableció el sistema de composición (Cédulas de El Pardo), que duró hasta1680 y consistió en la reglamentación de las usurpaciones de hecho mediante la cual los ocupantes que no demostraran la legalidad de la posesión, debían pagar a la Corona por adquirir el título, o las tierras eran restituidas al rey. Esta reforma puso fin a la entrega de mercedes de tierras como mérito de conquista, creó la propiedad municipal, personal y comunal (los indígenas fueron reagrupados en resguardos), y las tierras no ocupadas, ni reclamadas se declararon baldías, pertenecientes a la Corona (ZULETA, 1973, p.14). El Código de Indias, vigente de 1680 a 1754, incluyó diversas leyes sobre protección para quienes poseyeran título, reguló la composición y venta de tierras, básicamente, a través de la subasta pública y el remate de tierras que no hubieran sido poseídas por diez años o no tuvieran título. De acuerdo con Tirado (1971, p. 60) la venta y remate de tierras implicó el abandono de la obligación de “morada y labor” y que para el siglo XVIII una reducida oligarquía terrateniente, además de las mercedes y por el mecanismo de composición, hubiese adquirido a bajísimo costo tierras que no eran explotadas económicamente, sino que estaban a la espera de la valorización o eran 15 Todas las tierras descubiertas en América se consideraban realengas, o sea, sometidas a la autoridad directa del rey. La bula papal “Inter Caetera” expedida por el papa Alejandro IV 1493 en nombre de Dios y la Iglesia decretaba legalidad de la ocupación del Nuevo Mundo. 16 Los mayorazgos permitían que los bienes inmuebles pasaran indivisos del padre al hijo mayor, obstaculizando la libre enajenación y favoreciendo la perdurabilidad del latifundio. Esta figura fue suprimida en 1824. 33 alquiladas para vivir cómodamente de las rentas. Es el inicio de la especulación con la renta de la tierra. Con la pretensión de regular de nuevo el sistema de propiedad rural sobre la base del cultivo de las tierras, la Corona expidió en 1754 la Cédula de San Lorenzo mediante la cual obligaba a la exhibición de títulos posteriores al año 1700 (Corte Suprema de Justicia, 1942, citada en MACHADO, 2009, p.33). No obstante, quienes se habían adueñado de las tierras continuaban burlando las disposiciones sobre su uso económico, puesto que los virreyes no tenían instrumentos para hacerlas cumplir, frente al poder que ya ejercían los “señores dueños de la propiedad”. La última reglamentación sobre tierras en el periodo colonial fue la Cédula de San Ildefonso en 1780, por la cual se ordenó la eliminación del sistema de venta de tierras públicas en subasta al mejor postor, con el fin de frenar el proceso de concentración en manos de los pocos poderosos, y dispuso que se otorgaran tierras gratuitamente a quienes quisieran “desmontarlas” o cultivarlas, guardando cuidado de no conceder “más porción que la que buenamente pudiera labrar, atendiendo su caudal” (AGUILERA, 1962, p. 50).17 Por otro lado, los españoles utilizaron la forma de organización de la producción tributaria que tenían las comunidades indígenas para imponer sus formas señoriales de dominación18, principalmente a través de la encomienda, la mita y el resguardo, instituciones que sustentaron la producción agropecuaria de la colonia. La base de la encomienda fue el sistema de reparto de indios19, con el cual la Corona otorgaba al conquistador el dominio directo sobre los indígenas para percibir de ellos tributos en trabajo, especie o dinero. Los indígenas encomendados eran agrupados o nucleados para 17 Aguilera (1962, p. 59) sostiene que la Cédula de San Ildefonso se crea atendiendo a los informes de los funcionarios españoles que residían en las colonias (el Fiscal de la Real Audiencia Don Antonio Moreno y Escandón y del Virrey Don Manuel de Guirior (1767) sobre los procesos de concentración de la propiedad, el mal uso de las tierras y la situación de los pobres quienes sufrían la arbitrariedad de los altos arriendos y no tenían acceso a tierras buenas. 18 De acuerdo con Fals Borda (1975) es limitado decir que hubo feudalismo en España y que este fue reproducido en América, lo que hubo fue formas derivadas, en lo que se denominó señorial. De tal manera, en España, según regiones, había distintos sistemas de vida y producción pastoril, con formas no feudales de la renta de la tierra y el jornaleo. En el mismo sentido señala Colmenares (1978) para el caso de la Encomienda, que ”(…) no es cierto que las condiciones creadas en América a raíz de la Conquista reprodujeran un estado de cosas anterior existente en Europa. Simplemente, integraron un tipo de economía y de explotación preexistentes a la conquista dentro del marco de una institución original” (COLMENARES, 1978, p. 232) 19 Establecido por las Leyes de Burgos de 1512, mediante la cual también se definía al indio como “vasallo libre del rey” con lo que se negaba su condición de esclavo, aunque en la práctica fue lo que hicieron los conquistadores, y sólo hasta 1542 con las “Nuevas Leyes” se suprimió explícitamente la esclavitud indígena (GONZÁLEZ, 1970). 34 pagar el tributo, en principio de manera colectiva, luego de manera individual; entretanto, el encomendero tenía la obligación de construir iglesias, pagar curas doctrineros para evangelizar a los encomendados y cuidar la ciudad de ataques de piratas y de indios rebeldes. Así pues, con la encomienda se aseguró la extracción de excedentes de la agricultura indígena, y se instalaron relaciones de servidumbre y esclavitud (ZULETA, 1973, p. 19)20, que condujeron a la rápida disminución de la población indígena. La mita permitía al español reclamar del indígena un trabajo obligatorio pagándole un jornal fijado por autoridad, una especie de salario, con el cual cubrir el tributo (de la encomienda), y dado que cientos de ellos podían ser trasladados de una región otra y de una actividad a otra (minería, explotación agrícola, construcción de obras), fue la institución más devastadora de las comunidades indígenas, no sólo en términos de términos de la reducción poblacional, que fue dramática en caso de la mita minera, sino también por la desestructuración cultural y social a la que fueron sometidos (TIRADO, 1971, GONZÁLEZ, 1979). Frente a la disminución de la mano de obra indígena, la legislación de 1561 buscó resguardarla mediante la cesión de una parcela de tierra a grupos de indígenas, en lo que se denominó desde entonces Resguardo. A partir de la segunda mitad del siglo XVI fue común la unificación de pueblos indígenas, puesto que al concentrar un mayor número de indios se hacía más eficiente la explotación de la tierra, la cantidad de los tributos y se facilitaba el recaudo. Inicialmente el confinamiento se realizó alrededor de las haciendas y centros urbanos, a lo largo de la región andina, lo que favoreció el paulatino, pero continuo proceso de mestizaje que constituiría la base social campesina del país. Los indígenas obtenían resguardos por donación, repartimiento, composición o compra. La asignación de tierras para uso y tenencia fue de carácter colectivo para cada pueblo indígena y se hacía en cabeza el “cacique”, encargado de administrar los bienes de la corona en cada resguardo. También desde el principio de su conformación, los resguardos se consideraron inalienables y se prohibió su arrendamiento. Aunque lo primero se cumplió, lo segundo no, pues de acuerdo con González (1979, p. 589) hay 20 Jaramillo (1964) en la discusión sobre la historiografía colombiana sobre la población indígena del Nuevo Reino de Granada y censos indígenas tributarios, avala el estudio de Guillermo Hernández Rodríguez y el dato a partir de un informe enviado a la Corona en 1580, del que se deduce que “(…) en la época de Jiménez de Quesada (hacia 1560), habría en el Nuevo Reino unos 300 repartimientos, cada uno con un promedio de 1.180 encomendados lo que daría una población encomendada de 350.000 indígenas” (JARAMILLO, 1964, p. 241) 35 evidencia de que los indígenas arrendaban parte de sus tierras a mestizos y blancos pobres, obteniendo parte de su carga tributaria de los arrendatarios. Esta situación fue reconocida por la Corona y a partir del siglo XVII se autorizó a los indígenas a alquilar las tierras sobrantes de su resguardo para el pago de sus obligaciones tributarias (MACHADO, 2009a, p. 46). Por su parte, los mestizos libres encontraron en el arrendamiento el medio habitual de obtener provecho de la tierra sin poseerla directamente, lo que a la postre, llevó a un proceso de extinción y segregación de pueblos de indios, y al remate de sus tierras, declaradas como “vacantes” a favor de los vecinos. Hacia el año de 1754, se impusieron para la Nueva Granada medidas de liquidación, fusión y reducción de resguardos, tanto para fijar su mano de obra en las haciendas, como porque el remate de las tierras indígenas beneficiaba el erario de la corona. La descomposición del resguardo implicó la conversión de la propiedad comunal en propiedad privada, por la vía del arrendamiento y venta, como el hecho de que, según sostiene González (1979, p. 580) “En general, los indios mitayos abandonaban de buen grado sus comunidades simplemente porque su permanencia en las haciendas los exoneraba de las múltiples contribuciones tributarias a que estaba obligado un indio de resguardo”. La expansión territorial de la hacienda se da tanto por la conversión de las tierras de resguardo en propiedad privada, como por la liberación de mano de obra indígena que sería sometida a relaciones serviles de producción a disposición de los terratenientes. Sin embargo, la actividad económica principal de la Nueva Granada fue la explotación del oro. Ésta se organizó en la figura de Reales de Minas21, en un primer ciclo (1550-1640) que diezmó a la población indígena, y un segundo (1680 a finales de siglo XIX) que se desarrolló con población negra esclavizada. El hallazgo de nuevas minas intensificó el tráfico de esclavos22, y generó actividades comerciales paralelas a la minería. Las estancias o extensiones de tierra, cercanas a las propiedades de los encomenderos, bien ganaderas o agrícolas abastecían las ciudades y centros mineros, a nivel comunal en los resguardos se autoabastecían las comunidades indígenas, y las haciendas empezaron a especializarse en cultivos agrícolas o ganadería. Grandes 21 Fueron unidades administrativas creadas por las autoridades españolas para ejercer el control de la producción de oro y hacer efectivos los derechos fiscales de la Corona. 22 En el Nuevo Reino de Granada, Cartagena fue el principal puerto de trata de población negra esclavizada, desde allí se enviaba a Nueva España (México) y Perú, las Islas del Caribe y al interior del Nueva Granada, principalmente al occidente del territorio, a los distritos mineros de Antioquia y Chocó. 36 plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Cauca, cebada y trigo en el Altiplano cundiboyacense, y ganadería en el Caribe y los llanos orientales. Adicionalmente, el control político y social español durante la colonia se logró a partir de las formas de ordenamiento administrativo del territorio de la Nueva Granada, con la fundación de las ciudades, villas, parroquias, pueblos de indios y lugares (BERNARD & ZAMBRANO, 1993, p.42). La ciudad era el centro comercial, político y religioso habitado por blancos españoles y criollos que tenían participación política. La villa estaba habitada por vecinos blancos considerados de menor importancia social y política; las parroquias estaban alejadas de ciudades y villas, pero cerca de las haciendas. Para el siglo XVIII en los pueblos de indios habitaba la población indígena en los resguardos, y en especial, en los pueblos de indios de los Andes Centrales se ubicaron vecinos en los alrededores, convirtiéndose en el núcleo de procesos de mestizaje y formación del campesinado andino. En cambio, en el Caribe, señala Herrera (2002, p. 236), el ordenamiento social de los “libres de todos los colores”23, en pueblos de indios y sitios de vecinos fue distinto, la población no participaba de festividades religiosas, ni asistía a la iglesia, se desarrollaron otros mecanismos de socialización (fiestas, bundes). Con las reformas borbónicas24, entre ellas, la creación del Virreinato, estos asentamientos fueron considerados “rochelas”25, y sus habitantes “arrochelados” fueron estigmatizados por las autoridades coloniales. Otra forma de resistencia a la estructura administrativa y al orden territorial colonial fueron los palenques, constituidos por los cimarrones, como fueron denominados los negros esclavizados que lograron escaparse las haciendas y de las minas. Tal resistencia y construcción territorial para mantener la autonomía y libertad se dio por la constancia de 23 La categoría de “libres de todos los colores” aparece en el censo 1777-78 y designaba a las personas que por ser mezclas de diversos “linajes” (esclavizados, zambos, blancos e indígenas) escapaban del pago del tributo y de la vecindad, podían movilizarse fácilmente y no tenían un lugar fijo de residencia. Con base en el dicho censo y otras fuentes, historiadores han estimado que hacia 1810 casi la mitad de la población era considerada ‘libres de todos los colores’ (GARRIDO, 2007; HERRERA, 2006; SÁNCHEZ, 2011). 24 Con las reformas borbónicas la corona española buscó fomentar la producción de materias primas para el comercio marítimo, regular la actividad comercial (entre las colonias con España e intercolonial), hacer más eficiente el sistema de impuestos, y en últimas, recaudar recursos para solventar las guerras que mantuvo con las potencias europeas. En lo político significaron la disminución de la participación de los criollos en la administración colonial. 25 Herrera (2002) define las rochelas como la “reunión de personas en un lugar de forma permanente o esporádica, pero asidua, con orden administrativo similar al de los sitios”, de vecinos pasaron a ser llamados “arrochelados” (pp. 235-237) 37 la resistencia armada durante todo el siglo XVII26 (NAVARRETE, 2003, p. 14.). Además de las formas de construcción territorial que representaron los pueblos de indios, rochelas y palenques, el descontento social por las reformas borbónicas, llevó al levantamiento popular conocido como “la insurrección de los comuneros”27, tal como ocurrió de manera generalizada a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, en las colonias españolas en América, lo que a la postre llevaría a la independencia de las colonias. 1.2 La disputa por los baldíos en el régimen primario exportador republicano Con los procesos de independencia en América, la minería esclavista entra en crisis como forma de producción. En Colombia, se combinan las exigencias de los ingleses de comenzar la política de librecambio como contrapartida a su financiamiento de la guerra de independencia, con la intención de las clases dirigentes criollas, protagonistas del movimiento de independencia, por la libertad de establecer relaciones comerciales con Inglaterra (KALMANOVITZ, 1984, p. 213); en especial, a partir de bonanzas económicas agroexportadoras basadas en el extractivismo. El proyecto liberal que resultó triunfante realizó varias reformas a mediados de siglo XIX: la adopción del libre comercio, eliminación de impuestos a la exportación de tabaco, autorizó la venta de tierras eclesiásticas (desamortización de bienes de manos muertas28), abolió la esclavitud,29 se tomaron medidas sobre la disolución de los resguardos30 y se legalizó el arrendamiento 26 Al inicio del siglo XVII, cimarrones liderados por el Benkos Domingo Biohó, retaron a sus propietarios, escapando de las haciendas donde trabajaban y estableciendo un palenque en la ciénaga de la Matuna, al sur de Cartagena, constituyendo uno de los Palenques emblemáticos de la actual Colombia: San Basilio (Véase NAVARRETE, 2003, p.64 y ss). 27 La insurrección de los comuneros fue un levantamiento armado en 1781 que recogió tanto los descontentos por el cobro de impuestos, (motines contra el monopolio de aguardiente antecedentes 1752, 1764-1767), se sumó la rebelión indígena por la devolución de tierras de resguardos, motines contra la renta del tabaco a finales de 1780. Fue una de las primeras expresiones organizadas de lucha popular contra los funcionarios españoles. Otro incidente memorable de lucha que contribuiría luego a los procesos independentistas en América fue el levantamiento en Perú de Tupac Amarú en 1780. 28 Decreto del 9 de septiembre de 1861 29 De acuerdo con Jaramillo (1968) hacia 1821 se estimaba que había en la Gran Colombia unos 90.000 habitantes esclavizados y para 1851 cuando se abolió definitivamente la esclavitud se estimaban cerca de 16.468. 30 Aunque con la declaración de Independencia en el año 1810, se prohibió por 20 años la venta de tierras de los resguardos, ello no se cumplió tanto por la guerra de reconquista española, como por las presiones posteriores a la declaración de la República en 1819. Sólo con la Ley 89 de 1890 se estableció un compás de espera para la división de resguardos, por un término de 50 años (artículo 37), que luego podían ser prorrogables por los gobernadores de los departamentos en donde existieran resguardos. La medida de disolución de resguardos tuvo éxito en los Andes centrales y orientales (excepto en el Sur debido a la férrea resistencia indígena). 38 de “tierras sobrantes de resguardos” a colonos vecinos. Ello, sin embargo, no transformó las relaciones de trabajo hacia sistemas productivos, pues en la práctica se dio un cambio hacia el sistema de “agregatura”31, y no hacia el trabajo asalariado (KALMANOVITZ, 1984, p. 223). Aunque sí modificó las relaciones de producción, en tanto, al convertirse las haciendas en plantaciones, para el caso del tabaco, y luego del café, de acuerdo con Fals (1975, p. 94) se aumentó la parte de la renta de la tierra que corresponde como ganancia a los hacendados, que así empezaban a convertirse en empresarios agrícolas. La política de libre cambio estuvo sustentada por el sistema de producción de la gran hacienda en plantaciones de tabaco y café, en especial en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima, y la expansión ganadera que producía carne para autoconsumo y cueros para exportación. El trabajo en las haciendas era realizado por colonos, arrendatarios y aparceros, que tenían prohibido cultivar por cuenta propia para su beneficio el producto en el que se especializaba la hacienda; además del sistema de sujeción de deuda por peonaje para adquirir sus bienes de consumo y herramientas, y bajísimos salarios. Desde el punto de vista de la propiedad, con la independencia, las tierras baldías pasaron a ser propiedad de la República, y fueron expropiados los bienes de los españoles que murieron en la guerra o que huyeron. La Ley del 13 de octubre de 1821, derogó el sistema de composición fiscal de 1754, declaró la libre enajenación por parte del Estado de los bienes baldíos, les puso precio y ordenó sacarlos a subasta pública, y “conminó a todos los propietarios a registrar sus títulos de propiedad en las nuevas oficinas de registro y agrimensura en un término de cinco años”32 (PALACIOS, 2011, p. 80). Se deduce la intención de formalizar los títulos de propiedad para darle claridad al derecho de propiedad como una de las instituciones básicas de la República, pero antes inventariar los baldíos, principalmente entre 1820 y 1870, estos fueron usados por los diferentes gobiernos como moneda de pago ante la quiebra del naciente Estado (LEGRAND, 1988). 31 Se llamó “agregados” a los indígenas, y posteriormente a los campesinos que se quedaban en las haciendas trabajando, a los cuales les cedían un pedazo de tierra para construir sus casas y los endeudaban de por vida, quedando así legalmente agregados a las haciendas. Serán llamados también concertados, terrajeros, medieros, etc. 32 A lo largo del siglo XIX se expidieron diversas legislaciones sobre el registro: Ley 11 de Mayo de 1825, que asignaba la función de registrar la propiedad e hipotecas al secretario de la municipalidad, ley 22 de Mayo de 1826, que definió los documentos y actos que serían sujeto de registro e involucró en el proceso a la Hacienda Nacional, Decreto del 13 de Julio de 1830, que se refiere al registro de testamentos, Decreto del20 de Agosto de 1856, sobre enajenación y arrendamiento de tierras baldías (MACHADO, 2009a, p.56) 39 Para financiar la deuda pública se vendían bonos que se pagaban con tierras baldías ofertadas en subasta pública, adquiridas a muy bajos precios, principalmente por comerciantes. Se concedieron tierras a militares y jefes políticos de la independencia y de las guerras civiles, como pago por sus “servicios militares”. Se incentivó la inmigración de extranjeros europeos y norteamericanos que quisieran poblar y explotar económicamente tierra que era ofrecida de manera gratuita, aunque esta política fue infructuosa33. En relación al fomento de la explotación económica de baldíos, se adjudicaron tierras para la explotación de quina, caucho, tagua y otras especies (bosques nacionales), también se entregaron baldíos para la explotación petrolera y minera, y a cambio de la construcción de obras públicas, en especial ferrocarriles, (MÁRQUEZ, 2001), todo lo cual se articuló al auge exportador de 1870 y fue funcional al modelo de modernización y desarrollo para el mercado externo. En el último cuarto del siglo XIX cambios en la legislación incentivaron la colonización de tierras por parte de pequeños productores, colonos y campesinos que accedieron a un porcentaje muy limitado de la tierra disponible. La Ley 61 de 1874, estableció que se titulará el terreno que se cultive y habite “cualquiera que sea su extensión” (MACHADO, 2009a, p.99). Luego la Ley 48 de 1882 le dio a los baldíos el carácter de bienes imprescriptibles que conserva hasta hoy, corroboró que la propiedad se adquiere por cultivo, pero que si luego de 10 años no tenía explotación agrícola o pecuaria, las tierras volverían al Estado; y estableció que los colonos debían ser representados y defendidos por el Estado en los juicios contra ellos. No obstante, en la reglamentación de esta ley34 se promovió también el latifundio como política oficial, pues: […] estableció una relación entre la proporción del terreno adjudicado y la que debía cultivarse para conservar la propiedad, que disminuía a medida que el tamaño del predio aumentaba. Por ejemplo, una adjudicación que no superara las 200 hectáreas debía cultivar el 40% del terreno, pero a una de entre 3.000- 5.000 hectáreas se la obligaba a cultivar sólo el 10%; es decir, si cultivaba hasta 500 hectáreas podía tener improductivas 4.500 (MACHADO, 2009a, p. 100) Es en este periodo en el que se extiende la colonización de pequeños productores de café hacia las vertientes occidentales del país, conocida como la colonización 33 Ley de junio 11 de 1823. Señala Machado (2009a, p. 69), “se podían conceder gratuitamente hasta 200 fanegadas por familia, buscando que fueran labradores y artesanos. En 1831 ya se anotaba que los fines no se habían obtenido y casi todas las tierras destinadas a ello habían retornado al Estado”. 34 Decretos 640 de 1882 y 832 de 1884 40 antioqueña, diferente de las haciendas cafeteras de la parte centro-oriental andina (departamentos de Cundinamarca y Tolima). También se incentivó la construcción de obras públicas pagadas con la entrega de baldíos (las de mayor envergadura correspondientes a la construcción del canal interoceánico en Panamá, la construcción de diferentes rutas de ferrocarriles que conectaron los centros de explotación agraria en auge –tabaco, café- y en menor medida de explotación maderera –quina, añil, caucho-, hacia los puertos sobre el río Magdalena, para aprovechar la navegación a vapor hasta Barranquilla, o conectar por tierra hasta Buenaventura en el Pacífico. En cuanto a la evolución del sistema político, el siglo XIX en Colombia, como el resto de Estados latinoamericanos en formación, se caracterizó por la discusión sobre si el modelo político sería centralista o federalista. Los intereses de las élites regionales y la disputa por los cargos burocráticos condujeron tempranamente, a la práctica de excluir al partido opositor en cuanto se llegaba al poder; y a que los terratenientes organizaran sus propias milicias y dirimieran las contradicciones partidistas a través de la guerra (KALMANOVITZ, 1984, p. 319). Así, entre 1830 y 1902 acontecieron en Colombia nueve guerras civiles, en las cuales los campesinos fueron la carne de cañón, si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población vivía en el campo35. En la Guerra de los Mil Días (1899-1902) murieron más de 100.000 personas. Además de los costos humanos y el impacto económico, representó también la generación de identidades partidistas, antes que identidades nacionales, y una inclusión de las clases populares a la vida nacional basada en la intermediación de los partidos liberal y conservador y la subordinación clientelista a los grupos existentes de poder (ORTÍZ, 2005), lo cual atravesará la dinámica política de todo el siglo XX (GUTIÉRREZ, 2015; WILLS, 2015). Después de esta guerra se logró cierta estabilidad política, la formación de un único ejército nacional con el monopolio de las armas, y la centralización que sentarían las bases del mercado interno. En las primeras décadas del siglo XX el impulso a la economía colombiana provino del crecimiento de la economía cafetera y la indemnización de 25 millones de dólares que el gobierno estadounidense dio a Colombia por la separación de Panamá, lo que contribuyó al desarrollo de la infraestructura de 35 Los caudillos liberales defendían el federalismo y los conservadores el centralismo (Guerra de los Supremos 1839-1841, Guerra de 1851, Guerra de 1854, Guerra de 1859-1862, Guerra de 1876-1877, Guerra de 1885 a 1886, Guerra de 1895 y Guerra de los mil días (1899-1902). Con la Constitución de 1886 triunfa el Estado centralizado y empieza la hegemonía conservadora hasta 1930. 41 transportes en función de las economías agrarias en auge (café y banano), a desencadenar un moderado proceso de industrialización, a la acumulación a escala nacional. El auge cafetero y la conformación más estable del mercado interno, durante los años veinte y treinta, también llevó a la agudización de los conflictos en el campo, que fueron por lo menos de tres tipos: los referidos a las condiciones de trabajo en las haciendas, y a la imposibilidad de cultivar para sí los productos de exportación (principalmente café), los relacionados con la propiedad de la tierra, y el cuestionamiento de los títulos de propiedad; y la lucha de las comunidades indígenas por la recuperación o la defensa de las tierras de los resguardos (GILHODÈS, 1988, p. 35, BEJARANO, 1987) Con la intención de controlar institucionalmente los problemas derivados de la adjudicación de baldíos y de la voracidad de la explotación de los bosques naturales, el Decreto 1279 de 1908, creó el Departamento de Tierras Baldías y Bosques Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas. Pero, como evidenció LeGrand (1988, p. 79) entre 1827 y 1931, más de 3/4 partes de todo el territorio otorgado a particulares, compañías y poblaciones se repartieron en concesiones de 1.001 hectáreas o más, corroborando la hipótesis que la privatización de los baldíos reforzó el predominio de la gran hacienda en el campo colombiano; que la mayoría de las grandes propiedades que existen hoy no surgieron del periodo colonial, sino de la entrega de los baldíos en los siglos XIX y comienzos del XX bajo el impulso de la economía exportadora (LEGRAND, 1988, p.8) Ante el desconocimiento de la situación de los baldíos, la sentencia de 1926 de la Corte Suprema de Justicia, declaró que todo el territorio colombiano se presumía baldío hasta que se demostrara lo contrario. De tal manera, la propiedad se debía acreditar exclusivamente a través de título original de traspaso de la propiedad del Estado a los particulares. Esta exigencia sería conocida como “la prueba diabólica” para los propietarios a quienes era casi imposible demostrar los títulos originales. Entonces, se afianzó en los colonos trabajadores de las haciendas la convicción de que las tierras que trabajaban eran públicas (MACHADO, 2009a, p. 180). Los colonos empezaron a apropiarse de las haciendas improductivas que consideraban terrenos baldíos y, paralelamente los trabajadores de esas haciendas renegaban de su condición de arrendatarios y sostenían que eran colonos (LEGRAND, 1988, p.217). 42 Para finales de la década de 1910 las primeras expresiones de organización campesina se dieron alrededor del enclave bananeros de Santa Marta, las plantaciones cafeteras de Cundinamarca (Viotá), en las zonas de frontera agrícola (VEGA, 2011). La lucha de las comunidades indígenas del sur de Colombia, en el departamento del Cauca, en contra de la ilegal y violenta expansión terrateniente y ganadera, comenzó a ser liderada desde 1914 por indígena Manuel Quintín Lame (ROJAS, 2012; Centro de Memoria Histórica (CMH), 2012, p.134; MOLANO, 2015, p. 545). Para esta época se había aceptado el derecho de asociación y huelga de los trabajadores asalariados, empezaron a formarse las primeras ligas y sindicatos agrarios (SÁNCHEZ, 1977). 1.3 El proyecto modernizador y los ciclos de reforma - contrarreforma agraria (1930-1980) Este periodo incluye el despegue del desarrollo capitalista en Colombia en las primeras décadas del siglo XX, pasando por la caída de la Hegemonía Conservadora en 1930 y el inicio de la República Liberal hasta 1946, momento en el cual el país entra en una crisis política que dará origen a la Violencia bipartidista de medio siglo. De manera paralela, se instala el proceso de institucionalización del desarrollo, bajo un esquema de fortalecimiento del mercado interno a través del modelo de industrialización por sustitución de importación que irá hasta mediados de 1980. El periodo cubre los efectos económicos y políticos de la crisis de 1929, la segunda posguerra mundial y la guerra fría. En materia de legislación agraria el país vivió dos intentos de reforma agraria que rápidamente fueron revocadas por las élites terratenientes a través de nuevas disposiciones. Es la época del surgimiento de luchas agrarias organizadas, que ante la exclusión política toman el cariz de resistencia armada, primero en guerrillas liberales, luego comunistas, que llevarán a que el conflicto agrario no resuelto sea atravesado por el largo conflicto armado. Despuntando el siglo XX el problema agrario dejó de ser localizado y tuvo alcance nacional. La insuficiencia de las disposiciones legislativas e institucionales, avivó las reivindicaciones y provocó el resultado requerido por la transición al capitalismo: la expulsión de campesinos que reclamaban salarios similares a los urbanos o que pretendían reivindicar la titularidad de los predios, migraron a los centros urbanos o zonas de colonización expandiendo la frontera agraria (MONCAYO, 2015). Pero la fuerza de 43 trabajo liberada en exceso no fue absorbida por la naciente industria, lo cual empeoró con el impacto de la crisis mundial de 1929. Se probaron soluciones como la creación de colonias agrícolas36, y luego de grandes debates y presiones de los gremios, se expidió la Ley 200 en 1936, conocida como “Ley de Tierras”. Es considerada como el primer intento serio de Reforma Agraria en Colombia, en tanto, introdujo constitucionalmente la idea de que el título de propiedad se justifica si se cumple la función social de explotarlo económicamente37. Sin embargo, implicó la anulación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1929, así, al aceptar de nuevo ventas, testamentos y documentos judiciales como prueba de propiedad, la ley en la práctica legitimó usurpaciones de baldíos realizadas en el siglo anterior (LEGRAND, 1988, p. 204) La principal estrategia de la organización campesina fue la de ocupar tierras para forzar la parcelación, en tanto, la ley 200 prohibió el desalojo de estos campesinos y autorizó la extinción de dominio de las tierras improductivas. No obstante